25/03/2023. Marz  2023 |Derechos humanos, Enfoque de género, Étnico, Igualdad, Paz, Paz ambiental, Paz territorial, Territorio, federalismo.

Es el momento para que Colombia transite hacia nuevas formas, ya lo ha hecho en materia de reconocimiento y optimización de derechos fundamentales a través de las cortes de justicia, por ejemplo otorgándole a la naturaleza la capacidad de ser sujeto de derecho como sucedió con el Río Atrato y con el Valle de Cocora; así mismo ha reconocido al fin materialmente las Zonas de reserva campesina que desde la ley 200 de 1936 (reforma rural propuesta por Alfonso López Pumarejo) habían sido condenadas a la proscripción y la estigmatización so pretexto de ser territorios con pretensión de “pseudo-repúblicas” y posteriormente de ser terrenos de la insurgencia armada. También se ha blindado contra los excesos estatales y del neoliberalismo al medio ambiente, y se “ha humanizado la naturaleza”  (De Sousa Santos, 2017) vinculando al ser humano, los territorios y sus costumbres a la herencia ancestral del buen vivir o “Sumak Kausay” y a la idea de “los derechos bioculturales” ; pero todo esto ha sido en gran medida gracias al espectro del post-acuerdo  y a la implementación del concepto de paz territorial. Como se evidencia mucho de lo avanzado guarda relación directa con el territorio, y la razón es sencilla: La implementación de la paz en un país pluriétnico y diverso como Colombia, requiere una política rigurosa que democratice la idea del desarrollo, es decir, que genere “Bordes de poder” Fuente: Hernández Villarreal, S. J.2022más allá del centro capitalino hegemónico para legitimar y consolidar la paz en esas periferias deslegitimadas e históricamente abandonadas, donde las tradiciones del territorio y sus gentes es plural e identitaria. Es entonces cuando el post-acuerdo y la espléndida herramienta del Acuerdo especial de paz de La Habana ofrece su figura estrella: Los PDETs (Los programas de desarrollo con enfoque territorial), figura con la cual se hace posible la conjugación de todas estas apuestas que forman parte de la hoy Paz total.

Con los PDETs se democratiza el poder, el territorio y el progreso a través de la autonomía provincial, pero se va más allá, porque esta metodología para el desarrollo es además una herramienta para la consolidación de la paz, y funge como un elemento eficaz que garantiza la reparación integral de las víctimas mediante el sistema de justicia restaurativa. Así las cosas, se observa que existen  tres elementos innovadores para transitar hacia la paz: el primero es la justicia restaurativaque es un modelo de Justicia transicional sin impunidad, pero no fundada en la tradicional doctrina penal del castigo si no en la reparación colectiva de la sociedad resquebrajada en su conjunto y por medio de acciones positivas hacia las víctimas por parte del victimario, que para el caso del conflicto armado colombiano incluye al Estado; el segundo es la figura del PDET, que es la metodología que prioriza los territorios históricamente olvidados por el centro de poder, distinguidos por guardar entre sí factores identitarios como la ruralidad, la etnicidad, la victimización y transgresión pronunciada con mayor impacto durante el conflicto armado interno; y un tercer elemento denominadocircunscripciones transitorias especiales de paz, que son la cuota de representación política en el congreso de la república  para estas subregiones conformadas por municipios vulnerables (Los PDETs). Si todo esto se engrana como una gran metodología para la paz se puede echar a andar por el camino de la reconciliación y la reparación genuina de las víctimas en toda su isonomía, a partir de la democratización del desarrollo ¿qué mejor forma de ejecutar los principios de la justicia restaurativa? que por medio del reconocimiento estatal  (de manera permanente y definitiva) del daño infligido a estos territorios y sus gentes, para reivindicarlos a partir de la creación de bordes de poder que eliminen el fenómeno de la periferia, la deslegitimación y proscripción. Esto sin duda llevaría a la reconstrucción del tejido social.  

¿Qué es entonces La paz territorial y qué relación guarda con el federalismo? 

Lo primero que se debe anotar es que en 1860 con la Confederación Granadina y 1863 con la Constitución de Río Negro (Los estados Unidos de Colombia) ya se había hecho un intento de sistema provincial-federal, y justamente ambas alternativas fueron propuestas como una medida en cual pudiera arraigarse una paz duradera y definitiva que fuera fiel a la realidad de la pluralidad nacional. Ambas propuestas tuvieron su contra parte desde el centralismo y el unitarismo que finalmente en 1886 y después de la política de regeneración que abogaba por “una nación, un pueblo y un dios” concluyó con la constitución unitaria de 1886 que poco tiempo después cobraría factura con la Guerra de los mil días. Así mismo, más recientemente, en los diálogos de La Habana la Comisión histórica del conflicto armado y sus víctimas concluyó, que una de las principales causas de la confrontación armada en Colombia es la inequitativa distribución de la tierra. Esto indica que el centralismo y la concentración de poder que adrede desconoce las dinámicas territoriales para crear espacios de “sublegitimidad” que sustenten la guerra y fortalezcan el centro de poder hegemónico de las castas capitalinas crea condiciones de conflicto, y como antítesis, se tiene la posibilidad inconclusa y dialogada de un sistema verdaderamente descentralizado a disposición de la paz, y para el cual la constitución nacional de 1991 permite una herramienta: Las provincias.

Teniendo claro este antecedente histórico, es preciso abordar la Paz territorial, para lograr la relación eficaz del argumento.

Esta tabla lo desglosa:

Tabla: Elementos que componen la paz territorial

La paz territorial contiene:

"ELEMENTOS.

EJERCICIO Y EMPLEO.

1) El reconocimiento espacial de un territorio, en unión con el ser y   el cuidado del ambiente. 

Esta delimitación especial, debe comprender la cosmovisión y tradición   de quien lo habita; que intrínsecamente se entiende como un sujeto de vocación   colectiva en sus tradiciones; formas de producción y; cuidado de   su ambiente, en tanto se entiende al sujeto como parte de él; de un todo   inseparable e inalienable. 

2) El carácter   reivindicador de la pluralidad.

“La paz debe ser promovida a partir de la afirmación de las   identidades” (HAIDAR, 2019), generalmente   minoritarias con relación a la participación democrática y, con ocasión a su   singular visión del mundo, creando con   esto nuevo derecho y nuevas fundamentaciones. 

3) EL dialogo   frente a la idea del desarrollo:   “Desarrollo humano”() (Battaglino., 2018).

Esta conversación se desarrolla en 3 cualidades elementales: 1) es   entre pensamientos ostensiblemente antagónicos; 2) es respecto a la visión del  desarrollo como mecanismo dinamizador de la democracia; y 3) es un   diálogo en esencia Pacífico, que logra encontrar consenso entre las partes, a   partir de sus diferencias, desde “el   cuidado del lenguaje y los gestos” (DeSubiría, 2016), y la sensibilidad   del ser. 

4) La   coexistencia o yuxtaposición con el control hegemónico.

Este implica que esta “existencia yuxtapuesta e invisibilizada adrede,   opera como contra espacio” (Foucault M. , (1966).) en la delgada   franja entre lo legítimo y lo ilegítimo, “dada su posición periférica a modo   de frontera en esta disyuntiva” (Serje, 2011), es decir: existe   aún cuando se niegue su existencia; y aun cuando tiene su propia dinámica,   reconoce la existencia del control hegemónico y sin dejar de existir, pese a   la plena conciencia de su opacidad reverberante sustentada a partir su   deslegitimación. 

5) Colectivismo a partir de la inviolabilidad de la individualidad.

El ejercicio de ésta (de la Paz territorial), es sin duda colectivo; se   reivindica desde lo común, pero no transgrede la autonomía básica de la   individualidad, lo cual incluye la propiedad privada misma; inclusive   la libertad autónoma propia de los derechos de primera y segunda generación, así   como el desarrollo personal a partir de las aptitudes destacables de cada   ser". 

Fuente: (Hernández Villarreal, S. J.2022)

"La Paz territorial es la argumentación colectiva que surge frente al ejercicio del desarrollo, como un diálogo no violento desde las incompatibilidades; siempre considerando las capacidades del ser humano en unidad con el territorio y su tradición” Fuente: (Hernández Villarreal, S. J.2022) Esto indica que por medio de la paz territorial y la figura del PDET representada en las subregiones administrativas y políticas (de autonomía provincial) se puede lograr una reparación integral de las víctimas basada en la identidad de estos territorios que habitan, y además se elimina la lucha contrahegemónica que desde los tiempos de las emancipaciones ilustradas del siglo XIX han tenido estas regiones especiales por su condición diferencial con el centro de poder capitalino, toda vez que cualquier intento de robustecimiento de la descentralización se ha percibido inadecuadamente como una iniciativa para la fundación de “pseudo-repúblicas independientes”,  cuando en realidad lo que  han buscado es ser escuchadas y tenidas en cuenta en las políticas de desarrollo. Este problema que repercute en el recrudecimiento del conflicto armado y en el fortalecimiento del narcotráfico (debido a la creación de territorios deslegitimados del centro de poder), se solucionaría con la regulación y el reconocimiento permanente de estos espacios, puesto que un sistema autónomo de provincias fundado en los PDET suprime la posibilidad y el temor de las pseudo-repúblicas en tanto las integra al sistema para coexistir de manera respetuosa y pacífica , al tiempo que se democratiza el desarrollo con representación política permanente en cabeza de las circunscripciones especiales de paz que son la representación de las víctimas y sus territorios. Los PDET y las circunscripciones especiales de paz deben ser un programa permanente y no transitorio.

Colombia se encuentra en un momento clave donde por fin ha logrado concebir una idea de Estado para la paz, incluyente, con una política de identidad común y real basada en el pluralidad y el respeto por la tradición ancestral y el medio ambiente, Pacha mama, la vida buena o el Suma Kamaña, lo cual  integra a la unidad del sistema vida los habitantes y el ambiente; con ello la noción  del territorio trasciende más allá de lo material: Una unión entre el rito ancestral, la tradición y la vocación humana, lo cual transforma  el concepto de la “cosa pública” y común, en una noción sagrada, entrañable, respetable y sensible para los habitantes.

Una Colombia federal, basada en un sistema de Provincias rurales-victimizadas, étnicas y autónomas (PREVA), son una metodología y una herramienta eficaz para la  Paz territorial.

Seuxis J. Hernández V.

seuxis.hernandez@pazextraterritorial.org

 7. September 2022|Derechos humanos, Enfoque de género, Étnico, Igualdad, Paz, Paz ambiental, Paz territorial, Territorio.

LOS DDHH EN FAVOR DE LA HEGEMONÍA Y NO DE LOS PUEBLOS

La idea de Derechos Humanos que viene desde 1789 se fundamenta en la visión burguesa, liberal e individualista de éstos, en consecuencia, las posteriores generaciones de derechos son corolario de esta misma ideología, y en síntesis obedecen a intereses del mismo talante, en esencia distantes de la humanidad entendida como colectivo y del medio ambiente, como si este último fuera una especie de entelequia o realidad distante y paralela a la realidad humana.  

El profesor Iñaki Gil De San Vicenteesgrime en el título de una de sus obras una idea temeraria, pero posteriormente bien argumentada respecto a la obediencia hegemónica de los derechos humanos: “Los derechos humanos como arma de destrucción masiva” (Gil De San Vicente; Iñaki. 2016). Téngase presente la concordancia que hay entre lo que asevera el título de la obra del profesor De San Vicente y la fundamentación primigenia de los Derechos Humanos en la revolución francesa; se encuentra por supuesto al servicio de un control hegemónico que valida la genuinidad de estos derechos, desconociendo y dejando por fuera cualquier “realidad otra” que se ubique más allá de la frontera de estos parámetros. Los detentadores actuales de esta verdad son los pertenecientes al hemisferio occidental, enteramente a disposición del mandato de los Estados Unidos como cabeza visible del poder supremo a partir de la segunda guerra mundial, ratificado a la terminación de la guerra fría y sellado con la caída de La URSS. Es preciso señalar este dato para poder comprender el fenómeno que se desarrolla en Colombia puesto que, desde la revolución francesa hasta la actualidad, la estructura de poder se conserva intacta, salvo por el creciente nivel de influencia de algunos países asiáticos y Rusia. 

LA APLAZADA IMPLEMENTACION DE LOS RE-FUNDAMENTADOS DDHH 

Regresando un poco más en el tiempo, concretamente al siglo XIX podemos encontrar las raíces de estas nuevas figuras de derechos que en la actualidad reclaman y ejercen los territorios en Colombia, paradójicamente, suscitadas a la sombra de lo que fue La ilustración del siglo XVIII: La idea de Derechos Humanos implementada en la América postcolonial fue al igual que su época, la de unos “derechos emancipadores”, pensados e instrumentalizados para la emancipación, la que en esencia fue una iniciativa colectiva, que incluía como beneficiarios directos a seres que las primeras revoluciones ilustradas no contemplaron: Las mujeres, los indígenas y las personas víctimas del comercio triangular (los esclavos), esto mérito absoluto de los que emprendieron la gesta libertadora encabezada por Simón Bolívar, de ahí que las lógicas americanas del sur y el Caribe fuesen distintas a las de la América del norte, donde la idea de un estado americano se fundamentó en las raíces europeas de la libertad, la fraternidad y la solidaridad, pero para el disfrute exclusivo de “hombres y machos blancos”; el sueño libertador por el contrario, incluía mujeres, indígenas y la condición innegociable de la liberación de todos los esclavos, adquirida ésta en Haití, después que el presidente Alexandre Petion diera su apoyo a liberación de las colonias españolas en suelo continental americano.  La idea de los Derechos Humanos por primera vez extendía su espectro verdaderamente a toda la humanidad, entendida ésta en su universalidad, hombre y mujer, sin distingo de razas; pero, además, se hizo en consonancia con la cosmovisión que sobre la pertenencia del suelo se tenía, pues los abanderados de la causa revolucionaria reconocieron nuevamente la valía de los derechos a la propiedad colectiva sobre territorios indígenas, anulada en momentos de la reconquista imperial española, que en su entender más íntimo, solo le daba valor a la propiedad privada individual. Este reconocimiento intrínsecamente avalaba la visión del mundo y el respeto por el ambiente que estas culturas profesaban. Así mismo, ya en ese tiempo, a diferencia de la construcción europea de los Derechos Humanos que desmedraba la igualdad de la mujer, tanto así que puso como ejemplo machista de la afrenta la cabeza guillotinada de Olympe de Gougues (Asesinada por traición en 1793) después de escribir en 1791 “La declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana”, la lucha por la idea revolucionaria  de una América realmente igualitaria y libre daba valía a la exaltación respecto al  distingo del género, de ahí que Manuela Sáenz (política y militar ecuatoriana, miembro del ejercito libertador) le dieran el rango de “Coronela” y no de Coronel. Sin duda era un extensión, una optimización de los Derechos Humanos, que ya en esos acontecimientos de la primera mitad del siglo XIX constaban de una nueva fundamentación, sentenciada en las líneas de esta frase que el Libertador le escribe al siempre dubitativo general Santander, y en la que se puede inferir la identidad de estos nuevos Derechos Humanos a partir de cómo se pensaba la república desde la idiosincrasia y los territorios de la América del sur:  “Esta patria no es boba, esta patria es Caribe”, y de ahí toda la idealización del Estado, al punto de tener dentro del inventario de presidentes y en muy temprano momento un dignatario afrodescendiente: Juan José Nieto (presidente 1861), adrede desconocido en los anales de la historia por las castas racistas de las élites políticas santafereñas. 

Toda esta sucesión de ideas nuevas, concebidas desde un nuevo conocimiento, fundado en un pensamiento cimarrón, que se sustrae de las formas europeas para darse identidad propia, se retoma hasta la constituyente de 1991, cuando se integra al diálogo nacional lo que la constitución de 1886 enterró:   La autonomía territorial (descentralización); el reconocimiento de las cosmovisiones afros e indígenas concomitante a la colectividad de sus territorios; la identidad plural de la población; la apropiación de baldíos y latifundios improductivos en favor del campesino que los trabaja; así como las garantías reales para el ejercicio de los derechos de segunda y tercera generación en una visión más colectiva de país y menos individual. No obstante, esto no pasa desapercibido del poder hegemónico del hemisferio occidental en manos de los EEUU, que triunfante sobre los escombros de la caída URSS reprime cualquier intención o noción de esfuerzo colectivo, so pena de tildarlo de comunismo o reducto delincuencial en Occidente del régimen soviético extinto, logrando en consecuencia, que aunque la constitución de 1991 nace desde la fuerte influencia del movimiento estudiantil, el reclamo de la justicia social, el armisticio con la guerrilla popular del M19 y el movimiento indígena insurrecto Quintín Lame, el fundamento básico de  esta nueva constitución (que actualmente rige) y de estos derechos garantes de la dignidad humana y el Estado social de derecho sea Neoliberal, blindándole así con el  añejo carácter individualista del liberalismo burgués y el aturdidor humo del neoliberalismo.  La única herramienta real que quedó para defender la idea primigenia de esta constituyente fueron Las cortes de justicia y el recurso popular de “amparo” o acción de tutela para la protección de derechos fundamentales. 

COROLARIOS DE LA IDEA DE PAZ TERRITORIAL EN LA ACTUALIDAD 

Los puntos más sobresalientes en la realidad actual del país son los siguientes: Por primera vez  se da  la  elección de un presidente que no viene de las castas políticas tradicionales; se fortalece el ejercicio democrático a partir de los territorios y desde el contundente levantamiento popular; se escoge una mujer afrodescendiente para ejercer la vicepresidencia; se fortalece el lenguaje inclusivo y de género en cada institución; se abandera la lucha por una paz total, territorial y para las víctimas, que no es más que la exigencia expresa de la implementación del último acuerdo de paz. Todo esto transita por varios aspectos que son consecuencia de la Perfidia esgrimida por parte del gobierno saliente contra El acuerdo de La Habana (2016), que trató de incorporar nuevamente estas visiones populares aplazadas en la constitución de 1991 y desde el proceso emancipador mismo en el siglo XIX, no en vano la guerrilla de las FARC con quien se desarrolló la construcción del “acuerdo especial de paz” es de origen campesino y bolivariano. Sin embargo, hasta hoy siguen presentes y con la influencia intacta las mismas herramientas coercitivas del poder hegemónico, de ahí la necesidad de hacer coexistir la realidad identitaria de los territorios y sus gentes con el sistema neoliberal, pues es este último acuerdo de paz justamente eso: Un documento de ruta en el cual conviven las plurales fuerzas y realidades del país en nombre de la paz.  

Teniéndose presente el resumidísimo contenido histórico expuesto respecto a la fundamentación que yace en los Derechos Humanos de occidente, ha de concluirse: 1) Que la re-fundamentación actual de éstos en Colombia obedece a un ejercicio de resistencia a partir de la identidad, dispuesta como una herramienta para la paz; 2) la idea de la paz pasa por la idea del desarrollo, hoy íntimamente ligado a la conservación del ambiente, entendido en unidad con la supervivencia del ser humano, como lo dicta el Sumak Kawsay y el Buen vivir, según los pueblos originarios y el Acuerdo de La Habana; y 3) que históricamente el ejercicio distinto de esta identidad ha sido adrede desconocida desde la hegemonía, no obstante siguen existiendo, como una heterotopía, tal es el caso de La guardia Cimarrona en el Palenque De San Basilio, o La guardia indígena, ambos ratificados jurídicamente en el texto del Acuerdo especial de paz dentro del capítulo étnico. Así las cosas, precise que la Paz territorial es entonces: “la argumentación colectiva que surge frente al ejercicio del desarrollo. Como un diálogo no violento desde las incompatibilidades; siempre considerando las capacidades del ser humano en unidad con el territorio y su tradición” (Hernández. Seuxis. 2021). La paz territorial es la re-fundamentación misma de los derechos humanos en Colombia, entendidos desde la colectividad.

Seuxis J. Hernández V.

seuxis.hernandez@pazextraterritorial.org

 21. September 2022|capítulo étnico, consulta previa, desarrollo territorial, Étnico, Territorio.

El Canal de Dique es un afluente fluvial que comunica a los municipios del Sur del Atlántico, del Magdalena, de los Montes del Maria y del Golfo de Morrosquillo con la ciudad de Cartagena de Indias. Siendo utilizada desde su creación para la comunicación de esta parte del caribe con el interior del país desde las épocas coloniales. 

Para una mejor comprensión de lo que implica y representa el Canal del Dique téngase presente esta pequeña  descripción: El Canal del Dique es una bifurcación artificial del Río Magdalena. Esta yace en la Región Caribe de Colombia. Su construcción data de la época hispánica del siglo. Dicha obra de ingeniería facilita la navegación por el Río Magdalena hacia la ciudad de Cartagena de Indias. Su longitud es de 115 kilómetros, inicia en Calamar y desemboca de forma principal en la Bahía de Cartagena, aunque posee otras tres desembocaduras menores: caño Correa (mar afuera), caño Matunilla y caño Lequerica.

En los últimos años este Canal ha pasado del olvido, a ser noticia nacional, y recobrar su importancia en la historia del país que había sido olvidada con la aparición de las carreteras, que comunicaron el caribe y el interior del país a mediado del siglo pasado. El canal del Dique hoy tiene un interés nacional desde que entro en la mira de empresarios nacionales y extranjero por adjudicarse un trabajo de adecuación, mantenimiento operación y negocios conexos, que para algunos viene a ser una privatización para vender su servicio, utilizándolo como medio de transporte de riqueza fluvial lo que ha desatado una batalla jurídica y política entre las comunidades que exigen inclusión y garantías de participación, y los promotores del proyecto que consideran que todo se ha hecho bien.

La voz más fuerte por la defensa territorial del Canal del Dique, que ha dado al traste con el fracaso de la licitación, la tiene Adil Jose Melendez Márquez, abogado defensor de derechos Humanos, y de la Natutaleza, natural de Labarces, San Onofre Sucre, pueblo ribereño a Caño Correa. Melendez un activista de vieja data que en sus últimos 20 años se ha dedicado a la defensa de derechos humano, del medio ambiente, enfrentando a grandes empresas Camaroneras, de Hidrocarburos, y ganaderos como Manuelita S.A, Oceanos S.A, comenta “ que con la privatización del Canal, estarían causándose graves impactos sociales, económicos y ambientales en 25 municipios de los cinco departamentos (Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, y Córdoba)  y empobreciéndose unas 200 mil personas que dependen exclusivamente de las actividades económicas asociadas al Canal del Dique y sus recursos naturales. Las comunidades consideran que con la instalación de las esclusas y el aumento del caudal no solo se restringirá la navegabilidad para los lugareños, sino que también se afectaría la planta productiva agropecuaria y pesquera que estaría desapareciendo por la alteración humana de los ciclos naturales a los ecosistemas y, por la perdida de tierras para cultivar. 

Por estas razones las comunidades que históricamente han habitado esa región, titulares de sus derechos constitucionales territoriales, desde hace más de dos años vienen exigiendo inclusión con garantías de participación ambiental, social, económica, y cultural), peticiones catalogadas por los promotores del proyecto, los gremios y la iglesia católica[1], como “opositores, y palos en la Rueda, poniendo en grave riesgo la vida de los líderes que ejercen sus derechos legítimos algunos de ellos recientemente amenazados bajo esas misma consignas “opositores del Desarrollo”. 

La Alianza, y Asamblea Popular por la Autonomía Territorial, Defensa y Desarrollo, del Canal del Dique, de la cual es miembros Adil Melendez, ha destacado la importancia del proyecto, no se oponen al mismo, para que no se repitan los sucesos de inundación de 2010 que por falta de mantenimiento causó la ruptura de 214 metros de terraplén. Las repetidas inundaciones hacen urgente y necesario el proyecto. Lo que las comunidades reprochan son las irregularidades en los procesos consultivos, la exclusión del 70 % de estas gentes a la consulta previa, la falta de información, socialización, la exclusión en los modelos de negocios que propone el proyecto con sus ecosistemas y el riesgo de perder sus activos ambientales, culturales y económicos que representan su proyecto de vida, lo que  causaría un destierro peor que el ocasionado por el conflicto armado en esta Ecoregión 

Entre las formas de protestas o defensa de las comunidades afrodescendientes de esta zona están; las acciones políticas de calle, las marchas, los mítines, paros en las vías nacionales, en el Canal del Dique, el cabildeo con congresistas, recorridos con Naciones Unidas, y las acciones jurídicas, Medidas Cautelares ante la JEP, tutelas, acciones populares, una de las cuales soy demandante. 

Pero todo esto no ha sido suficiente para que los gobiernos de turno tomen en serio este asunto. La actual administración que fue apoyada en más del 80% por los habitantes de esta región, “bajo el lema de la defensa del Canal del Dique” no puede hacerse el de la vista gorda, más cuando la defensa ambiental y de la vida es una de sus principales banderas, recordemos que la actual vicepresidenta Francia Márquez Mina en el año 2018 ganó o el premio Goldman sobre medio ambiente, otorgado a luchadores ambientales.

El gobierno pasado emprendió junto al interés de algunos empresarios y compañías extranjeras realizar la adjudicación para el dragado y operación de canal del Dique, este proceso que es necesario, no obstante, según señala el abogado Meléndez, esconde otros intereses y por ello no se ha adelantado el debido proceso de la consulta previa, ni se ha tutelado la Participación ambiental, de allí la tensión por las quejas de la comunidad, en su gran mayoría de origen étnica, afro e indígenas.

Recordemos que en la construcción de este Canal la principal mano de obra eran personas afrodescendientes esclavizadas y del país, fueron ellos los que con las herramientas de la época construyeron esta obra artificial para garantizar la navegabilidad y el comercio, razón por la cual  muchas familias se quedaron allí, y también por el cimarronajes de huida se insertaron en esos lugares inhóspitos que desde entonces conservaron, ese es un detalle mayúsculo a la hora de realizar cualquier tipo de intervención en el Canal del Dique.

Después de dos años el proyecto atraviesa otro reto, los reclamos del gobernador de Sucre, Hector Olimpo Espinosa, quien de manera categórica en reunión sostenida en San Onofre el día 6 de septiembre le expreso a los funcionarios de la Agencia Nacional de infraestructura que “el Proyecto Si, Pero No Así” expresando su rechazo porque las obras del proyecto contemplan salvar la Bahía de Cartagena y trasladar los lodos y sedimentos el Golfo de Morrosquillo sin tener en cuenta la opinión de las autoridades de Sucre ni mucho menos las comunidades, lo que afectara tres ecosistemas estratégicos. “Eso no lo vamos a aceptar” expresó el mandatario de los Sucreño.

En palabra de Adil Melendez, este proyecto es la más grande amenaza que enfrentan más de dos millones de habitantes de esta Ecoregión, y si no se escucha la sabiduría colectiva ancestral el proyecto enfrentara varios retos, uno de ellos son las demandas en el plano nacional e internacional, otros es la movilización permanente y oposición durante la ejecución de las obras del proyecto así como las graves afectaciones sociales, económicas y ambientales, todo eso se puede evitar si el actual gobierno habilita un espacio de escucha sensata, responsable, sin estigmatización, con respeto e inclusión. De lo contrario, lo más seguro es que habrá espacio para tensiones que serán el  preludio de un anunciado fracaso.

Las reclamaciones legítimas de las comunidades están amparadas Constitucional y Convencionalmente en el Convenio 169 de la OIT (1989), por la Declaración de Rio y las consideraciones del Capitulo Étnico del Acuerdo para la Terminación del Conflicto Armado (2016), no obstante dichas obligaciones internacionales, el gobierno sigue desconociendo los derechos que las comunidades reclaman. 

El proceso de adjudicación del canal de dique que es el primero en importancia para el nuevo gobierno del Pacto histórico, por esta razón debe ser un ejemplo del desarrollo anunciado en los procesos participativos como garantía real de derechos a todos los grupos poblacionales. Este ejercicio de buen ejemplo puede ser una base para sentar la participación comunitaria en éste y otros procesos, como los venideros de una paz total; esto debe dar confianza a las comunidades, esa confianza que también esperaran los combatientes que se acogen al acuerdo con el estado colombiano.

Por: Aiden Salgado Cassiani  

Miembro del CONAFRO, del CEUNA. Kombilesa. CENPAZ. ARAAC. Activista. Mona Ri Palenge Andi Bakata.

Email aidensalgadocas@pazextraterritotial.org  

[1] https://www.eluniversal.com.co/cartagena/lo-que-piensa-la-iglesia-catolica-del-gobierno-petro-y-del-proyecto-del-dique-BL7159056

 21. September 2022|Acuerdo especial de paz, Conflicto armado, Derechos humanos, DIH, Paz 

Con ocasión del informe final entregado recientemente por la <Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición>, no se puede dejar pasar por alto el caso: <<Los obstáculos para la continuidad de los procesos de paz>>, desarrollado en cincuenta y seis (56) páginas que dan cuenta del entrampamiento contra el acuerdo de paz dirigido por el ex Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, quien enfilo sus planes maquiavélicos contra varios de los lideres del grupo insurgente en proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil, y que materializó con la captura el 9 de abril de 2018 y la recaptura el 17 de mayo de 2019, del reconocido líder político de FARC, Jesús Santrich o Seuxis Pausias Hernández Solarte   también conocido como “el arquitecto de la paz”. 

Dicho entrampamiento tiene no solo una grave connotación política, sino, también jurídica en el marco del Derecho Internacional Humanitario que define la traición del enemigo como un delito,al cual se le conoce como “PERFIDIA”, y es que este se ajusta a derecho dado que se adelantó desde la institucionalidad, firmante y garante, con el silencio del Presidente Juan Manuel Santos, quien obtuvo el premio nobel de paz gracias a que bajo su presidencia se firmó el Acuerdo para la Terminación del Conflicto Armado en Colombia con la Guerrilla de las FARC -EP, situación que no tuvo cambio con la llegada de su sucesor Iván Duque Márquez quien presidió el país en representación de un partido político de ultraderecha que tuvo como uno de sus objetivos “hacer trizas el acuerdo de paz”, acciones estas que se adelantaron también con la participación activa de la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration- DEA) de los Estados Unidos, país  dirigido para entonces, por Donald Trump. 

Las actuaciones del Estado de Colombia y de los Estados Unidos pusieron en grave peligro el acuerdo de paz firmado en Noviembre del año 2016, pues con el montaje judicial y la fabricación de pruebas en contra de Jesús Santrich, a quien pretendían extraditar por el supuesto delito de tráfico de drogas hacia el país del norte de América promovió y legitimó el rearme de excombatientes como el comandante Iván Márquez jefe negociador del acuerdo de paz quien también, fue solicitado en extradición bajo el mismo modelo de entrampamiento ejecutado por Néstor Humberto Martínez Naira.  

Ahora bien, el entrampamiento al acuerdo de paz denunciado por el mismo Jesús Santrich quien obtuvo el respaldo de organizaciones sociales, así como de amigos y excombatientes que creyeron en su inocencia y sabían de su compromiso con lo pactado, no obtuvo eco de la institucionalidad, contrario a ello hizo oídos sordos y, los países garantes de la implementación poco o nada hicieron para exigir la protección jurídica y física de los firmantes como marco fundamental para evitar el retorno a las armas, en contraste; los asesinatos, los montajes judiciales, la persecución, la estigmatización, los desplazamiento y el exilio iban en aumento, todo ello con la actuación o la mirada cómplice u omisiva de la institucionalidad nacional e internacional.

Es así que, en términos del Derecho Internacional Humanitario al estar vigente un acuerdo de paz en proceso de implementación, el gobierno colombiano está en la obligación de proteger a quienes se han acogido a él. Perseguirlos jurídicamente, fabricar procesos y pruebas para endosar delitos penales una vez hecho un pacto, es traición, por tanto, una de las partes firmantes, en este caso el Estado Colombiano incurrió en el delito de perfidia.  

Llama la atención lo planteado recientemente por el señor Humberto de la Calle quien fuera el jefe Negociador delegado por el gobierno de Santos para el Proceso de paz con las FARC-EP, sobre su desacuerdo en dar una segunda oportunidad a los integrantes de la Segunda Marquetalia, pues desconoce el Derecho Internacional Humanitario y sus más elementales garantías para los firmantes de un acuerdo, y es que la decisión de rearme no fue una decisión libre y voluntaria, quienes optaron por abandonar el acuerdo de paz lo hicieron forzados por la inseguridad jurídica y física de la que están siendo objeto: más de 340 firmantes de paz asesinados desde la firma del acuerdo; persecución, estigmatización, desplazamientos, exilios, procesos judiciales, privaciones de la libertad, torturas, entorpecimiento en la implementación de los planes y programas para garantizar la reincorporación política, social y económica y, como si fuera poco el reciente escándalo de corrupción por la “pérdida” de más de quinientos mil millones de pesos destinados para la paz, administrados por OCAD Paz. 

Lo anterior, más el entrampamiento contra Jesús Santrich, asesinado en mayo de 2021, e Iván Marqués, gravemente enfermo, según declaraciones del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, como consecuencia de haber sido obligados a retomar las armas, constituye una traición, por tanto, el DIH reconoce su derecho a ser parte de un nuevo proceso de negociación. Pregunta el señor De la Calle que: “¿qué es lo que se puede negociar con el señor Marqués y la Segunda Marquetalia que no haya sido negociado en La Habana?” he aquí la respuesta, garantías reales y efectivas para la reincorporación a la vida política, social y económica y, una verdadera voluntad de construcción de paz, y ¿quién garantiza que no vuelvan a incumplir? Sigue preguntando De la Calle, Pues con lo anteriormente dicho, queda claro en el marco del DIH que no fueron ellos los que incumplieron, respuestas prácticas para preguntas prácticas.      

Luego entonces, reconocer, que el conflicto ha sido provocado y no espontáneo, es una obligación y una deuda histórica que tiene Colombia que no puede seguir postergando, máxime cuando el anhelo y la esperanza paz y de vida digna cobran fuerza con la llegada de Gustavo Petro y Francia Marqués a la Presidencia y la Vicepresidencia. 

Quien necesita, merece y clama una segunda oportunidad es el país por haber sido traicionado, entrampado y obligado en vivir en guerra por más de 60 años. 

Por Milena Montoya Pérez

Abogada Especialista en Derecho Constitucional y Resolución de Conflictos.

milenamontoya@pazextraterritorial.org

 29. August 2022|Medio ambiente, Paz, Paz ambiental, Paz territoria 

Gran expectativa ha despertado en amplios grupos de la sociedad colombiana la llegada del primer gobierno nacional con raigambre popular, incluyendo los sectores que han mantenido por décadas en alto las banderas por la paz con justicia social, así como los sectores ambientalistas. Y no es para menos, si se tienen en cuenta las propuestas programáticas de los candidatos del Pacto Histórico con relación a estos sendos temas de la agenda pública nacional e internacional. En este sentido, vale la pena preguntarse si dichas

propuestas están acordes con el emergente concepto de la “paz ambiental” (environmental peacebuilding), como preámbulo para el seguimiento a las acciones del nuevo gobierno a la luz de esta concepción.

Si bien para algunos teóricos el concepto de “paz ambiental” aún está en proceso de

construcción y su conexión teórica es frágil (Franco-Gantiva, 2020) , el impulso que se le

viene dando a la investigación desde este enfoque por parte del Programa de las Naciones

Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA y algunos centros académicos como la

Universidad de Columbia, entre otros, sugiere la necesidad de empezar a tenerlo como

referente académico y político.

Así, en palabras de Carl Brunch (UN Environtmental, Environmental Law Institute, Duke

University, Columbia University, University of California-Irvine, UN Development

Program, SDG Academy, 2019) , la paz ambiental: “…is the process of governing and

managing natural resources and the environment to support durable peace.” 1 (pág. 20).

Mediante el desarrollo de esta noción, se viene dando la estructura conceptual para entender la relación entre los recursos naturales y el ambiente, con la construcción de paz y la superación de los conflictos armados, buscando en particular responder a la pregunta sobre

¿cómo los recursos naturales y el ambiente pueden apoyar la agenda para el mantenimiento de la paz?

Para el caso colombiano este enfoque resulta de los más conveniente pues, aunque

claramente el conflicto armado interno no ha sido exclusivamente un conflicto por recursos

naturales, “…estos han jugado un papel determinante tanto en los orígenes del mismo

como en las diferentes mutaciones que ha sufrido a través de las décadas.” (Rodriguez,

Cesar; Rodriguez, Diana; Durán Helena, 2017, pág. 22) Por tanto, su papel en la transición

hacia un país en paz y con justicia social es determinante, tanto para la recuperación

económica del país, como por ser un tema que posibilita el diálogo y la construcción de

confianza entre las comunidades y el Estado colombiano en los territorios, brindando

además oportunidades de sustento a nivel local mediante la participación comunitaria en el

manejo de los ecosistemas.

De acuerdo con el análisis realizado por Dejusticia (2017) tras la firma de los acuerdos de

paz entre las FARC EP y el Estado colombiano, el logro de una paz ambiental en Colombia implica sortear al menos los siguientes cuatro grupos de desafíos: 1) los del uso del

territorio, 2) los económicos, 3) los institucionales, y 4) los relacionados con la democracia

ambiental (pág. 44). Sin desconocer el hecho que ya han transcurrido casi 6 años después

de la firma del acuerdo, tiempo en el cual se agotó todo un periodo presidencial bajo el

mandato de un gobierno adverso a la implementación de lo pactado en La Habana que ha

agudizado las conflictividades; por razones de espacio en la presente entrega sólo se

procederá a verificar la relación entre el programa de gobierno del Pacto Histórico con el

concepto de paz ambiental, para desarrollar un abordaje más específico en próximas

entregas.

En efecto, Gustavo Petro y Francia Márquez le plantean al país el inicio de una transición

hacia la “Paz Grande”, que según señalan irá, desde la democratización de la sociedad y el

Estado colombiano, pasando por una nueva concepción de la seguridad y la convivencia,

hasta asuntos de la agenda internacional como la lucha contra el cambio climático (Pacto

Histórico, 2021, pág. 44) .

Así, después de dedicar todo un capítulo al tema ambiental ligado a la lucha contra el

cambio climático, proponiendo cambios en materia productiva, de ordenamiento territorial,

de transición energética entre otros (Ibid. pág. 13); reiteran que su objetivo es alcanzar la

“paz completa y el buen vivir de la población” (Ibid. pág. 49), afirmando incluso que

fundamentarán las relaciones internacionales del gobierno “…en la creación de puentes

para la paz, la lucha por la vida y contra el cambio climático y para detener la

desaparición de la biodiversidad…” (Ibid. pág. 47).

¿Qué es entonces la llamada “paz completa”, “paz grande” o “paz total” a la que se refiere

el nuevo gobierno colombiano? Apegados nuevamente a su programa de gobierno para

tratar de deducir una definición, pareciera ser que ésta hace referencia a un estado de cosas signado por la profundización de la democracia en términos sociales, económicos y

políticos; la conquista de una verdadera descentralización del Estado colombiano para

construir una gobernanza territorial inclusiva; la adopción de un nuevo enfoque en materia

de seguridad y convivencia tendiente a desmilitarizar la vida social del país.

También tiene que ver con la erradicación de las condiciones que permiten la cooptación

corrupta de la institucionalidad pública; el desarrollo de las relaciones internacionales

basado en el respeto a la soberanía de los pueblos; el cumplimiento del acuerdo de paz

pactado con las FARC EP, retomar los diálogos con el ELN así como implementar un

proceso pacífico de desmantelamiento del crimen organizado, cambiando el paradigma de

la lucha contra las drogas y garantizando la reparación integral de las victimas del conflicto

armado colombiano.

Si bien, a lo largo del programa de gobierno propuesto por el Pacto Histórico a los

colombianos para asumir las riendas del gobierno nacional, se logran rastrear propuestas

específicas para cada uno de los grupos de desafíos señalados por Dejusticia (2017) en

dirección a una paz ambiental, e indudablemente la argumentación que fundamente cada

propuesta tiene como claros derroteros la sustentabilidad ambiental y el logro de la paz; no

se encuentra ninguna mención específica que relacione dicho programa con la noción de

paz ambiental.

Ahora bien, este aspecto no significa per se que el nuevo gobierno colombiano tenga una

orientación contraria a los objetivos de la paz ambiental; sin duda, su desarrollo reciente y

un mayor posicionamiento de conceptos como “desarrollo sostenible” o “mitigación y

adaptación al cambio climático”, exigen profundizar el trabajo académico y de incidencia

política para su adopción en más amplios sectores de la sociedad. No obstante, se

considera conveniente hacerles seguimiento a las acciones gubernamentales a la luz de este nuevo enfoque, teniendo en cuenta que, como señala Brunch (2020), “Environmental

peacebuilding provides an overarching framework for understanding the diverse linkages

between the environment, conflict, and peace and for acting on those linkages.” 2 (pág. 20)

1 Es el proceso de gobernar y administrar los recursos naturales y el medio ambiente para apoyar una paz

duradera.

2 La consolidación de la paz ambiental proporciona un marco general para comprender los diversos vínculos entre el medio ambiente, el conflicto y la paz y para actuar sobre esos vínculos.

Por: Harold Ordoñez Botero

El fortalecimiento de la institucionalidad ambiental es otro de los grupos de desafíos señalados por el estudio de Dejusticia (2017, pág. 86) con miras a lograr la paz ambiental. Lamentablemente, hasta el momento el país parece ir caminando en dirección contraria, según lo indica el último reporte del Índice de Desempeño Ambiental (Environmental Performance Indez-EPI) del 2022, que calificó al país con 42.4 puntos sobre 100 posibles, ubicándose en el puesto 87 entre 180 países y cayendo más de 30 puestos con respecto al reporte del 2020 (El Espectador, 2022). 

Para los expertos en paz ambiental, este aspecto es la sexta clave para una buena gobernanza ambiental (UN  Environtmental; et al., 2019, pág. 126) y sugieren desarrollar acciones como la capacitación del personal en licenciamiento ambiental, evaluación del impacto ambiental, inspección, resolución de conflictos, entre otros temas. También recomiendan la adquisición de equipamiento como vehículos, equipos de laboratorio y materiales de pruebas. 

Más allá de estas sugerencias generales, el movimiento ambientalista colombiano ha venido reclamando desde hace más de una década medidas concretas para que lo ambiental tenga el peso político que merece dentro del establecimiento público, en concordancia con la constitución y los compromisos internacionales. 

En esta dirección, Guhl (2015) propuso el empoderamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS- para desarrollar 3 instrumentos esenciales que mejorarían la gestión ambiental en el país. A saber: 1) el estatuto del suelo, 2) la política nacional de asentamientos humanos y expansión urbana y 3) la política nacional de población. Adicionalmente, propuso como medida de carácter operativo reglamentar el Sistema Nacional Ambiental -SINA, para garantizar su efectivo funcionamiento (pág. 106). Claramente, todo esto implica un reposicionamiento del MADS en el entramado institucional y un perfeccionamiento de su articulación con el SINA y los demás ministerios. 

En materia de investigación ambiental, el balance que presenta Leyva (2015) es lamentable: 

“Después de cuarenta años de expedido el Código y veinte años de establecido el Sina con la ley 99, no hemos sido capaces de poner en marcha un verdadero sistema de información e investigación ambiental que soporte el sistema institucional ambiental vigente, la institucionalidad estatal, el gobierno y la sociedad para la búsqueda del desarrollo sostenible”. (Ibid. pág. 210).

Para revertir este crudo panorama y lograr construir un conocimiento crítico de la naturaleza y las relaciones sociedad-naturaleza en nuestros territorios, señaló la necesidad de financiar equipos de investigación de alto nivel que puedan trabajar de manera estable, con objetivos, métodos y protocolos claros, incluyendo el estudio de la naturaleza in situ y su abordaje desde la perspectiva de la complejidad, tanto a nivel disciplinar como inter y transdisciplinar, y que cuenten con la organización, infraestructura y las herramientas para el manejo de la información de punta (Ibid. pág. 213).

Más recientemente, pero en concordancia con estas propuestas, en el contexto de la Colombia del pos-acuerdo con las FARC EP, Morales (2017) señalaba algunas recomendaciones que resultan indicativas frente a los retos que representa construir la paz ambiental para su institucionalidad. Así, propone articular los planes relacionados con la lucha contra el cambio climático, la protección de la naturaleza y los programas para la implementación de los acuerdos de paz, en la vía de optimizar las inversiones (pág. 24).

Por otra parte, señala opciones para que el Ministerio de Hacienda vía impuestos “verdes” e incentivos tributarios, mejore el recaudo de la Nación, estimule actividades económicas menos degradantes de los recursos naturales y castigue el uso inadecuado de los mismos (Ibid. pág. 26). Para la resolución de los conflictos que surjan como consecuencia del re-ordenamiento territorial que reclama el país, propone otorgarle facultades resolutivas al Consejo Superior de Ordenamiento del Suelo Rural creado en el 2015. 

Así mismo, propone el fortalecimiento de las Autoridades Indígenas en materia de gestión ambiental, reglamentando sus atribuciones y competencias en armonía con las Corporaciones Autónomas Regionales-CAR y demás autoridades ambientales. A su vez, recalca la necesidad de fortalecer las CAR mediante la revisión por parte del gobierno nacional de su estructura organizativa, poniendo particular interés en hacer de la elección de sus juntas directivas un proceso realmente transparente y, en garantizar la vigilancia estricta de su manejo presupuestal por parte de los entes de control (Ibid. pág. 28).  

Frente a estos grandes desafíos, las apuestas del Pacto Histórico parece que estarán a la altura, según se consignó en su programa de gobierno. En efecto, la importancia de este aspecto para el nuevo gobierno le mereció un acápite específico dentro de sus propuestas, denominado “Sistema Nacional Ambiental en defensa de la Vida”, en el que se compromete a establecer una política tributaria “justa y progresiva” basada en el enfoque de la justicia climática y a integrar las instituciones ambientales, de gestión del riesgo y de gestión del cambio climático (Pacto Histórico, 2021, pág. 14).

Para resolver los problemas de las CAR, proponen diseñar una jurisdicción basada en las cuencas hidrográficas, separando además las funciones de gestión de las de autoridad ambiental y, se reconocerá la función como autoridades ambientales de las autoridades étnicas en sus respectivos territorios. También, se estableció el compromiso de garantizar que los estudios de impacto ambiental los asuman directamente las autoridades correspondientes, no intermediarios, y que sus costos serán pagados por los proponentes de los proyectos (Ibid. pág. 14).

Frente a la investigación ambiental, el Pacto Histórico se comprometió a promover “el trabajo creativo y colaborativo entre las comunidades, las Instituciones de Educación Superior, los Institutos de Investigación, el reconocimiento intercultural de los saberes tradicionales y ancestrales…” (Ibid. pág. 15), para generar y democratizar el conocimiento ambiental. Además, plantean la el fomento y promoción de la formación y la investigación en transición energética. Llama la atención la propuesta de crear el Instituto Nacional de Energías Limpias, así como el compromiso de impulsar la construcción de parques tecnológicos para el aprovechamiento de los residuos sólidos en alianza con el sector privado (Ibid. pág. 18). 

Si bien no se puede deducir de su programa de gobierno que se hará un aumento presupuestal en el sector ambiental, aspecto que han venido reclamando diferentes sectores de la sociedad colombiana desde hace décadas, resulta indiscutible el reposicionamiento político del sector en el nuevo gobierno, por lo que es previsible que esto suceda. De otro modo, no se entendería cómo pretenden hacer realidad los compromisos señalados. En todo caso, a juzgar por las propuestas revisadas, la Colombia Potencia Mundial de la vida tendrá la institucionalidad ambiental que la sociedad y la naturaleza necesitan para avanzar hacia la paz estable y duradera. 

Por: Harold Ordoñez Botero

El Espectador. (10 de junio de 2022). Colombia cayó más   de 30 puestos en el ranking del desempeño ambiental de 180 países. Bogotá.   Obtenido de   https://www.elespectador.com/ambiente/colombia-cayo-mas-de-30-puestos-en-ranking-que-mide-el-desempeno-ambiental-de-180-paises/

Guhl, E., & Leyva,   P. (2015). La gestión ambiental en Colombia, 1994-2014: ¿un esfuerzo   insostenible? Bogotá: Foro Nacional Ambiental.

Morales, L. (2017). La   paz y la protección ambiental en Colombia: propuestas para un desarrollo   rural sostenible. Diálogo Interamericano. Obtenido de   https://www.thedialogue.org/analysis/la-paz-y-la-proteccion-ambiental-en-colombia-propuestas-para-un-desarrollo-rural-sostenible/?lang=es

Pacto Histórico.   (2021). Colombia potencia mundial de la vida. Programa de gobierno 2022-2026.   Colombia. Obtenido de https://gustavopetro.co/descarga-programa-de-gobierno/

Rodriguez, Cesar;   Rodriguez, Diana; Durán Helena. (2017). Documentos Dejusticia 20. La paz   ambiental: retos y propuestas para el posacuerdo. . Bogotá: Ediciones   Antropos Ltda. .

UN Environtmental; et   al. (2019). Environmental Security and Sustaining Peace. Textbook for MOOC.   V. 02. Environmental Law Institute; Duke University; Columbia University;   University of California; UN Development; Program SDG Academy. Obtenido   de   https://www.environmentalpeacebuilding.org/assets/Documents/5c9bbcaa70c34.pdf

 4. November 2022|Aborto, Enfoque de género, Igualdad, Migración

El 24 de junio de 2022 quedó eliminado en Estados Unidos el derecho federal al aborto. El mismo Tribunal Supremo que lo reconoció, hace alrededor de medio siglo, con la histórica sentencia Roe contra Wade, lo enterró, dándole así un giro inesperado a la historia de la lucha por los derechos de las mujeres en el país imperialista. “¿Cómo evolucionan o retroceden los derechos sexuales y reproductivos en varios países del mundo?”

Es necesario saber que la sentencia mencionada no ilegaliza, per se, la interrupción voluntaria del embarazo (aborto), sino que deja libre a cada estado (de E:U) para tomar la decisión de permitirla o no. Sin embargo, diferentes estados empezaron a penalizar inmediatamente el aborto y es bastante factible que muchos estados decidan prohibirlo.

Debido al catastrófico retroceso, la Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH se cuestiona: ¿Cuál es el marco jurídico internacional en el que se inscribe esta cuestión? ¿Cuáles son las diferencias entre los Estados? ¿A qué amenazas y ataques se enfrentan los derechos sexuales y reproductivos? Por último, y lo que es más importante, ¿qué campañas y victorias recientes nos muestran el camino que debemos seguir las personas activistas?

Asi mismo, segun la FIDH “Las consecuencias son dramáticas, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad, en primer lugar las mujeres pobres y las que son víctimas de discriminación o son susceptibles de serlo. Estas personas, sin acceso a un aborto legal realizado por profesionales, recurrirán inevitablemente a procedimientos clandestinos inseguros. Esto vendrá a sumarse a los 25 millones de abortos inseguros que se realizan cada año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que provoca muchas muertes y lesiones evitables”.

La OMS estima que "las leyes y políticas sobre el aborto deben proteger la salud y los derechos humanos de las mujeres"... “Poder obtener un aborto seguro es una parte crucial de la atención de salud,» Afirma Craig Lissner, Director Interino de Salud Sexual y Reproductiva e Investigaciones Conexas de la OMS. quien rebela tambien que “Casi todas las muertes y lesiones resultantes del aborto no seguro son totalmente evitables. Por eso recomendamos que las mujeres y las niñas puedan acceder a servicios de aborto y planificación familiar cuando los necesiten”. 

“Es un importante revés tras cinco décadas de protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos”, afirmó la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que termina con la protección constitucional al aborto en ese país. 

Bachelet opina que el acceso al aborto “seguro, legal y efectivo” es un elemento “firmemente arraigado” en las leyes internacionales de derechos humanos, y que constituye el “eje central de la autonomía de las mujeres y las niñas”, porque determina “sus propias decisiones sobre su cuerpo y su vida, sin ningún tipo de discriminación, violencia ni coacción”.

La importancia de priorizar la salud sexual y reproductiva

Segun la ONU, El Día Mundial de la Anticoncepción se celebra el 26 de septiembre y el Día Internacional del Aborto Seguro, el 28 del mismo mes y por eso las personas expertas en estos temas que conciernen a los derechos de las mujeres, aprovechan estos dias para hacer un llamado a todos los Estados “a priorizar los derechos a la salud sexual y reproductiva, y a adoptar legislaciones, políticas y decisiones que aseguren a las mujeres y niñas el pleno ejercicio de su derecho al acceso a la salud sexual y reproductiva y a servicios sanitarios -incluido el aborto seguro-, sin temor a la intimidación, el estigma o la penalización, de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

“La declaración cita los datos de la Organización Mundial de la Salud que indican que cada año mueren hasta 39.000 mujeres por falta de servicios de aborto seguro y recalca la importancia de prevenir embarazos no deseados a través del acceso a métodos anticonceptivos, servicios de aborto seguro y atención postaborto de calidad”.

Las leyes y la libertad de las mujeres

Vanessa Mendoza Cortés, psicóloga y presidenta de la Asociación Stop Violencias(Associació Stop Violències), organización de derechos de las mujeres, ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2019, sugirió la despenalización del aborto en Andorra y exigió la protección de los derechos reproductivos de mujeres y niñas.  Después de su intervención, el gobierno de Andorra denunció a la activista por supuesta acusación falsa, alegando que su “prestigio y buen nombre” “habían quedado en entredicho”. En el año 2020, Vanessa Mendoza Cortés fue acusada formalmente y la fiscalía se basó en el informe que había presentado ante el organismo de la ONU. Los cargos en su contra incluyen desde cuatro años de prisión a multas de hasta 30.000 euros.

Lo que Vanessa Mendoza denuncia es que en Andorra todavía está prohibido abortar en ninguna circunstancia: ni por violación, ni por malformación del feto, ni por riesgo para la vida de la gestante. Estas son las tres razones por las que exige la Asociación Stop Violències que se legalice la interrupción voluntaria del embarazo. 

El aborto como práctica punible se estableció en la Constitución de 1993 del Principado, y así lo confirma el código penal, que considera que interrumpir un embarazo es un “delito contra la vida prenatal”. De hecho, si un profesional médico practica un aborto con el consentimiento de la gestante será castigado con una pena de prisión de tres meses a tres años y la inhabilitación para ejercer cualquier profesión sanitaria hasta cinco años.

El Salvador y una de las Leyes del Aborto más duras del mundo

En 1997, El Salvador introdujo impuso una de las Leyes del Aborto más duras del mundo, es por esto que alrededor de 65 mujeres han sido condenadas a prisión por el hecho de abortar. Debido a una campaña internacional liderada por mujeres estadounidenses, muchas de las víctimas han sido puestas en libertad. Uno de los casos más alarmantes, reconocido a nivel mundial es el de Karen, una de las 17 salvadoreñas condenadas a 30 años de cárcel por abortar. La joven mujer fue acusada de asesinato tras un aborto espontáneo: "Acusarme por la muerte de mi bebé y pasar años en una prisión cuando yo era inocente... Todas hemos estado privadas de libertad por la Ley que del Aborto."

La mujer fue condenada en 2015, y recientemente ha sido liberada. Todo ocurrio cuando, estando embarazada de ocho meses, un día se desmayó estando en el baño de su casa, debido a un dolor abdominal y tuvo un aborto espontáneo. Cuando despertó se encontraba en el hospital pero esposada en la cama y de allí pasó derecho a la cárcel. La mujer fue separada, incluso de su hijo de 2 años.

Karen fue condenada a 30 años de cárcel y pasó seis entre rejas antes de ser liberada junto con otras tres mujeres en diciembre de 2021, tras una campaña que contó con el apoyo de celebridades internacionales como las actrices America Ferrera y Milla Jovovich.

Países donde el aborto está prohibido

Según el Centro por los Derechos Reproductivos , una organización sin ánimo de lucro estadounidense, los países en los que el aborto está completamente prohibido son: Andorra, Aruba, Congo, Curazao, República Dominicana, Egipto, El Salvador, Haití, Honduras, Iraq, Jamaica, Laos, Madagascar, Malta, Mauritania, Nicaragua, Palau, Filipinas, San Marino, Senegal, Sierra Leona, Suriname y Tonga.

Algunos Estados europeos cuentan, asimismo, con legislaciones especialmente restrictivas. Es el caso de Malta, el único Estado miembro de la UE que establece una prohibición total, así como de Polonia, donde el acceso al aborto es prácticamente imposible desde la sentencia del Tribunal Constitucional que lo prohíbe, incluso, en caso de embarazo no viable.

América Latina y Colombia

En el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Argentina en 1990, ante las complicaciones y riesgos asociados a los abortos clandestinos, que en muchas partes de América Latina son la primera causa de muerte de las mujeres, se declaró el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto.

Desde entonces, según el periódico feminista Mujeres en Red, el 28 de septiembre se ha convertido en una excusa para recordar a los gobiernos de los países latinoamericanos que más de seis mil mujeres mueren cada año por problemas que suelen surgir durante los abortos clandestinos.También mencionan que "el número anual de abortos realizados en Brasil, Colombia, México, Perú y República Dominicana asciende a 2,8 millones y en el conjunto de la región la suma supera los cuatro millones... Cada día se practican 55.000 abortos inseguros en el mundo, el 95% de ellos en países en desarrollo, y son responsables de una de cada ocho muertes maternas.

En Colombia tenemos más motivos para alegrarnos que para lamentarnos este 28 de septiembre, porque gracias al movimiento feminista y de mujeres, el 21 de febrero de este año se produjo un fallo histórico, ya que la Corte Constitucional colombiana se pronunció a favor de la despenalización del aborto durante las primeras 24 semanas de embarazo, un gran triunfo para los derechos humanos y, sobre todo, para las mujeres más vulnerables del país.

Hasta la decisión del Tribunal Constitucional, sin precedentes en este país católico, el aborto sólo estaba permitido en caso de violación, si la salud de la madre estaba en peligro o si el feto tenía una malformación. Aparte de estas excepciones, las mujeres que abortaban eran castigadas con entre 16 y 54 meses de prisión. A partir de ahora, "el acto de abortar sólo será punible si se realiza después de la semana 24 de gestación", dijo el tribunal constitucional en un comunicado. Después de seis meses de embarazo, se mantendrán las condiciones ya establecidas por el tribunal, dijeron los jueces.

La sentencia es, sin duda, un nuevo éxito de la ola verde de mujeres que luchan por los derechos sexuales y reproductivos, que comenzó en Argentina y se ha extendido a otros países latinoamericanos, como México y ahora Colombia. Mujeres que advierten que no dejarán de luchar hasta que se reconozcan los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres en todos los países de América Latina.

Aunque es un derecho fundamental establecido en la sentencia C-355 de 2006, el acceso al aborto, bajo las tres condiciones señaladas en la sentencia, se respeta en la actualidad en contadas ocasiones. Según Amnistía Internacional: "Se calcula que actualmente se practican 400.400 abortos al año en el país, y que menos del 10% de estos procedimientos se llevan a cabo legalmente, con una alta concentración de servicios en las principales ciudades.

Como sabemos, cuando se criminaliza el aborto, quienes sufren las consecuencias de estas leyes injustas son las mujeres más vulnerables, es decir, las que tienen bajos ingresos y las que son víctimas de todo tipo de violencia machista, reproduciendo así las desigualdades.

En Colombia, 502 menores son penalizadas por abortar

Según la Fiscalía General del Estado, 2.290 mujeres fueron procesadas entre 2005 y 2017. Tres de ellos son niñas de 11 y 12 años.

Tienen 11 y 12 años, se quedaron embarazadas después de sufrir abusos sexuales, y también están siendo perseguidas por el aborto. Tres casos que aparecen en una columna de estadísticas de la Fiscalía General de la Nación, pero que en realidad son las vidas de tres niñas que crecen con la carga de una investigación judicial por interrumpir legalmente sus embarazos.

Un caso llevado a los tribunales pone de manifiesto los obstáculos que siguen encontrando las mujeres colombianas para acceder al aborto a través del sistema sanitario. Cuando una mujer pidió abortar en el hospital, la mujer que la atendió, una trabajadora social, le insistió en que "lo pensara", que "confiara en Dios", que consultara a su familia. "Tal vez las hormonas la hacen tan sensible. La mujer no quería continuar con el embarazo, no tenía medios para hacerse cargo de otro hijo y estaba pasando por una mala situación económica. "Lo que usted quiere es que le ayudemos a matar a su hijo, aquí no somos asesinos", respondió el médico, recordando la frase que resolvió el caso. Se le negó el servicio. 

Por eso, el 28 de septiembre es ya una fecha para conmemorar los logros de las mujeres en Colombia, que además cuentan, por primera vez en la historia del país, con un gobierno progresista que busca proteger sus derechos.

El reciente caso de Brasil

"Lula está a favor de la vida", dice la campana por la segunda vuelta, luego de haberse mostrado a favor. Según el actual elegido presidente de Brasil ante los medios, el tema era un "problema de salud pública" y que "todo el mundo debería poder hacerlo", pero al parecer, para ganar votos religiosos, el presidente opta por ponerse en contra de los derechos de las mujeres y afirma ante la prensa: "No solo estoy en contra del aborto, sino que todas las mujeres con las que me he casado están en contra del aborto".

Vale la pena recordar que Brasil, en 1940, fue el primer país americano que legisló sobre el aborto, antes, incluso, que Canadá o Cuba, aunque la ley solo incluía la violación y el riesgo para la salud de la madre, hasta 2012 que los tribunales lo ampliaron a la anencefalia. Estos tres supuestos y la ausencia de debate público sobre los derechos reproductivos hacen que el país sea pionero en el tema dentro de la región.

Pero sin embargo, la realidad es más cruel, pues más de 19.000 brasileñas de entre 10 y 14 años dieron a luz en 2019, es decir, menores abusadas sexualmente. Casos en los que la desigualdad social es evidente, pues tres de cada cuatro son mestizas o negras. Los abusos sexuales a menores son un crimen conocido y silenciado: según estadísticas, cada hora cuatro niñas son violadas.

El gobierno fascista y ultraconservador de Jair Bolsonaro, aumentó los intentos de restringir el derecho al aborto y es absurdo que el gobierno del pueblo de Lula, pretenda coincidir con los mandatos fascitas y misoginos del Bolsonarismo. 

En Suiza ¿Qué dice la legislación?

El aborto está permitido en Suiza desde hace exactamente años. El 2 de junio de 2002, en una votacion nacional, más del 72% de la población aceptó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de embarazo. Una iniciativa para tomar esta decisión había sido tomada en 1977 y fracasó.

El artículo 119 estipula que el aborto no es punible durante las primeras 12 semanas de embarazo, "a petición escrita de la mujer que alegue encontrarse en situación de desamparo", asimismo ensituaciones en las que se demuestre por parte de los médicos "un grave perjuicio para la integridad física de la embarazada".

¿Debe eliminarse el aborto del código penal?

La diputada ecologista Léonore Porchet, que también preside la organización Santé Sexuelle Suisse, presentó una iniciativa parlamentaria en la que solicita la derogación del artículo 119 del Código Penal y la inclusión del plazo en otra ley. "La penalización del aborto es una de las principales causas del estigma que aún rodea al aborto en Suiza", considera la diputada que “El aborto debe dejar de ser considerado un delito con excepciones, y pasar a ser una decisión de salud”.

Tasa de aborto en Suiza

Según la Oficina Federal de Estadística (OFS), con poco más de 6 por cada 1. 000 mujeres en edad fértil, la tasa de aborto en Suiza es muy baja. Una proyección teórica Enlace externoelaborada recientemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Guttmacher -un centro de investigación estadounidense- muestra que Suiza es uno de los países con menores tasas de aborto, junto a Singapur.

Educación sexual, aborto y migración

Por otra parte, de acuerdo al artículo, publicado por Swissinfo el pasado 7 julio, Derecho al aborto, ¿cuál es la posición de Suiza?, Para Clémentine Rossier, profesora asociada del Instituto de Salud Global de la Universidad de Ginebra(UniGE), estas cifras se deben al "excelente sistema de educación sexual", organizado en las escuelas desde los primeros cursos, y a la "muy buena red de centros de planificación familiar". 

Lo que conduce a la cuestión ¿Quién aborta en Suiza y en qué circunstancias?

Según el mismo medio suizo, en 2020, algo más de 11.000 mujeres interrumpieron su embarazo en Suiza, de las cuales las adolescentes eran la minoría, según la OFS.

Cuatro de cada diez abortos se practican a mujeres de nacionalidad extranjera. "La tasa de abortos es más elevada entre los extranjeros, lo que se explica porque a menudo no tienen el mismo nivel de educación sexual que en Suiza", analiza Clémentine Rossier. 

De esta forma, en Suiza, “la tasa de aborto varía significativamente según la región, siendo las zonas urbanas las más afectadas. Por un lado, porque concentran más personas en edad fértil y/o extranjeras; por otro, porque las zonas rurales suelen ser más conservadoras”.(Derecho al aborto, ¿cuál es la posición de Suiza? - SWI swissinfo.ch).

Por Renata Cabrales años 

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Fuentes:

https://www.who.int/es/news/item/09-03-2022-access-to-safe-abortion-critical-for-health-of-women-and-girls

https://www.swissinfo.ch/spa/derecho-al-aborto---qu%C3%A9-sucede-en-suiza-/47715806https://elpais.com/sociedad/2022-04-05/aqui-no-somos-asesinos-la-dificultad-de-las-mujeres-para-abortar-en-colombia-tras-la-despenalizacion.html

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40677494

https://catalunyaplural.cat/es/el-aborto-en-andorra-un-derecho-prohibido-por-la-iglesia/https://news.un.org/es/story/2022/06/1510872

https://es.euronews.com/2022/08/19/el-salvador-victimas-de-una-estricta-ley-del-aborto

https://www.amnesty.org/es/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/

https://www.hrw.org/es/news/2022/06/28/el-acceso-al-aborto-es-un-derecho-humano

https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/24/en-que-paises-derecho-aborto-legal-ilegal-orix/

https://news.un.org/es/story/2022/09/1515151

https://www.abc.es/sociedad/abci-paises-aborto-prohibido-legal-nsv-202205041354_noticia.html

https://www.cronista.com/internacionales/elecciones-brasil-2022-lula-cambio-su-postura-sobre-el-aborto-en-la-previa-del-ballotage/

https://www.swissinfo.ch/spa/brasil-elecciones_bolsonaro-y-lula-coinciden-en-rechazo-al-aborto-en-su-%C3%BAltimo-cara-a-cara/48014940

https://elpais.com/sociedad/2022-02-05/el-guardian-que-defiende-el-derecho-al-aborto-en-el-brasil-mas-pobre.html

 21. September 2022|Derechos humanos, Enfoque de género, Igualdad, Migración  

Si el recién elegido gobierno colombiano el Pacto Histórico, cumple con el programa que ha propuesto, las condiciones de vida de las mujeres van a cambiar. Esto, sobre todo, en cuanto al tema de la migración forzada, ya que muchas de ellas se han visto obligadas a salir del país, bien sea por la violencia política o por buscar mejores oportunidades laborales o educativas. De esta forma, la migración pasará de ser una obligación a ser una opción.

Es necesario hacer una discriminación de género, teniendo en cuenta las diferentes causas por las que las mujeres deciden abandonar su país, esto a nivel general, para luego hacer una disertación más específica sobre el caso colombiano.

Según la Cancillería colombiana, en el caso de la movilidad externa, se han detectado tres olas registradas en tres períodos:

La primera ola en los años sesenta, dirigida a Estados Unidos; la segunda ola, la década de los ochenta dirigida a Venezuela, y la tercera ola, la década de los noventa, a España y otros países europeos.

También está el desplazamiento interno de personas en Colombia, que tiene causas económicas, sociales y políticas: "Los conflictos por la tierra, la búsqueda de mejores condiciones de vida y la persecución por motivos ideológicos o políticos han sido factores de desplazamiento interno de la población".[1]

La migración colombiana y algunas de las razones por las que se produce

La migración colombiana se debe, en cierta medida, a factores económicos, ya que ofrece la posibilidad de encontrar trabajo y vivir en condiciones más dignas. Por otro lado, hay razones políticas relacionadas con las amenazas de los grupos armados ilegales y la persecución política por ser comunista o líder social. Algo que caracteriza a estos migrantes, según la Cancillería colombiana, es que tienen un mayor nivel educativo, lo que está determinado en cierta medida por su buen dominio del idioma inglés. Además, hay una alta proporción de mujeres.

Según la Cancillería, la migración hacia España alcanzó su punto máximo en los años 80 y 90, debido a la crisis económica de la época, pero también a la gran ola de violencia y persecución de los líderes de izquierda. Esta oleada también se caracterizó por el hecho de que la mayoría de los migrantes eran mujeres con un buen nivel de educación.

Migración femenina en el mundo

Para el Banco Mundial, las mujeres representan ya casi la mitad de la población migrante del mundo. Hoy en día, las mujeres emigran tanto como los hombres y su migración tiene los mismos efectos económicos, ya que una de las principales causas de la movilización de las mujeres es la situación económica y la consiguiente necesidad de buscar mejores condiciones de vida, hecho que se refleja en la participación de las mujeres en la fuerza laboral, estimada en un 42% (OIM, 2020).

Sin embargo, las causas son variadas:

La migración femenina sufre la censura, las costumbres patriarcales o la falta de igualdad en los países de origen e incluso de destino. 

Según la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, la migración de las mujeres tiene tres causas principales: económica, social y criminal. De acuerdo a la ONU, la cifra global más reciente de migrantes es de 272 millones, de los cuales el 52% son hombres y el 48% son mujeres (OIM, 2020), lo que revela que la migración de género es ligeramente simétrica. 

Así mismo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Migración, aunque muchas personas emigran para aprovechar nuevas oportunidades, "también lo hacen para escapar de la violencia, la discriminación o el género". La identidad de género y la orientación sexual son algunos de los factores que obligan a las mujeres y a las personas LGBTI a emigrar a Centroamérica y el Caribe.

El caso de Colombia

En el caso de Colombia, esta última está relacionada con la violencia de género y la persecución política, y otra causa que se puede añadir es la mejora en los niveles de calidad de vida y la oferta de educación superior en otros estados.

Pero, sin embargo, muchas migrantes colombianas son víctimas de todo tipo de violencia, discriminación y engaños para obligarlas a trabajar en las peores condiciones, aprovechando su vulnerabilidad. En los peores escenarios se les atrae a trabajos bien remunerados para acabar siendo víctimas de la trata de personas y la prostitución.

Testimonios de mujeres migrantes colombianas

Sara García, periodista que vive en Malta desde hace cuatro meses:

"Decidí emigrar a otro país para aprender, estudiar y empezar una nueva vida... En el trabajo no he sufrido violencia machista, pero sí he sido testigo de acoso sexual a algunas compañeras, a las que he tenido que defender, ya que la mayoría no habla bien el idioma…Aquí, las mujeres latinas también son muy solicitadas en las redes sociales, principalmente para trabajos de Scorts, es decir, para trabajar supuestamente como damas de compañía de algunos hombres adinerados, pero en realidad es una especie de prostitución”.

Si bien es cierto que la migración en su conjunto no es forzada, como en el caso de Sara García, que decidió emigrar a otro país para aprender otro idioma, trabajar y empezar una nueva vida, esta opción también debe ser libre y hacerse con todas las garantías, es decir, que no se vulneren los derechos de las mujeres, para que puedan moverse por todos los territorios sin miedo a ser víctimas de clase de violencias.

Lina M. Figueredo, socióloga residente en Ginebra, Suiza:

"Me fui de Colombia cuando era muy joven, sufrí violencia intrafamiliar, pero también quería estudiar en la universidad, pero en Colombia hay muy pocas oportunidades de educación superior. Así que primero decidí buscar una oportunidad en Argentina, donde pudiera estudiar. Pero con el tiempo conocí a un suizo con el que me casé y decidí venir a Suiza hace diez años. Pronto nos separamos y me resultó muy difícil conseguir un permiso de trabajo, que finalmente obtuve”.

Lina destacó que "después de vivir 10 años en Suiza, ahora estoy empezando a revivir la idea de ir a Colombia. Y digo 'ir' porque para mí, por mi particular historia de vida, pero también por la forma en que veo lo que viene para la sociedad colombiana, con este nuevo gobierno, ya no se trata de 'volver' a Colombia, sino de ir a Colombia. Siempre digo que no se le pueden pedir peras al olmo, un gobierno no puede hacer todos los cambios fundamentales que se necesitan, pero puede proporcionar condiciones de vida y permitir que la gente sea. De eso hablo, más allá de promesas concretas, hablo de una Colombia desde la que podemos proponer, desde la que podemos crear, desde la que puedo imaginar otras formas de vivir sin miedo, una forma sabrosa de vivir”. 

La migración: una elección, gracias al gobierno del Pacto Histórico

Si bien es cierto que Lina y Sara desean regresar a Colombia, también lo es que deben existir garantías de seguridad para poder hacerlo, pues según el Comisionado de la Verdad, el regreso podría ser otro desplazamiento.

Lina y Sara mantienen la esperanza de que el Pacto Histórico, liderado por Gustavo Petro y Francia Márquez, esté en el poder en Colombia a partir de agosto de este año, para que las condiciones sociales del país cambien, es decir, que haya justicia social y el fin del conflicto armado con la implementación del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Manuel Santos, firmado hace seis años, y por supuesto que se logre una de las propuestas del programa específico del gobierno para garantizar el buen vivir de las mujeres, que consiste en lo siguiente:

"He creado el Ministerio de Igualdad con tres objetivos inmediatos: 1. Reconocer el tiempo de trabajo en el hogar como pensionable; 2. Un ingreso de integración: medio salario mínimo para la madre cabeza de familia; 3. Un ingreso de integración: medio salario mínimo para la madre cabeza de familia", dijo en su cuenta de Twitter el presidente electo, Gustavo Petro, quien lidera el movimiento de izquierda Pacto Histórico.

Así mismo, en palabras de la vicepresidenta Francia Márquez: "Lo primero es la igualdad de las mujeres en Colombia, queremos que las mujeres tengan autonomía económica, queremos que las mujeres tengan autonomía política, queremos que las mujeres tengan derechos garantizados. Queremos igualdad y oportunidades para los jóvenes”.

Finalmente, el cumplimiento del programa del Pacto Histórico debe garantizar la disminución de la migración forzada, reduciendo los motivos de la misma, así como hacerla una opción y no una obligación, por lo que se deben garantizar los derechos de las mujeres que migran en los países de destino, según las propuestas de la candidata de los colombianos en el exterior al Pacto Histórico, Karmen Ramírez:

"Las mujeres colombianas en el mundo serán protegidas y construirán nuestra historia”. Como se mencionó anteriormente, la situación migratoria es difícil, por lo que la candidata Ramírez insiste en la protección especial de los derechos de las mujeres migrantes: "Promoveré la migración segura, libre y voluntaria de las mujeres, luchando por la participación igualitaria en todos los ámbitos de la vida... Trabajaré para eliminar la violencia de género en la comunidad colombiana dentro y fuera del país, por ejemplo, mediante programas de formación en materia de género para migrantes y funcionarios de embajadas y consulados”.

Por Renata Cabrales

*La migración como opción es un artículo traducido al español cuyo original en francés será publicado, próximamente, en el medio digital Voix D’Exils con el título: “Faire de la migration un choix, pas une croix”, por Renata Cabrales, membre de la rédaction de Voix D’Exils.

[1]  José Francisco Niño Pavajeau, (1999) Las migraciones forzadas de población, por la violencia, en Colombia: una historia de éxodos, miedo, terror, y pobreza. Scripta Nova 45(33).